El gobierno de Macri sale a anunciar con bombos y platillos la primer medida con el Subte bajo su jurisdicción, el aumento del boleto a $2,50. Un incremento que afecta directamente al bolsillo de todos los habitantes de la ciudad y del Gran Buenos Aires que tienen que utilizar este medio de transporte para trabajar y/o estudiar. No escuchamos de su parte ningún tipo de anuncio con respecto a las nuevas líneas y estaciones de Subte, ni de su plan de inversiones sino de un descarado aumento que nos perjudica a todos. La reacción no se hizo esperar y rápidamente el rechazo a esta medida se hizo eco entre los trabajadores y usuarios del Subte a través de la liberación de molinetes y la campaña de firmas contra el aumento.
El gobierno de Cristina intentó presentar el traspaso del subte como un avance hacia la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Es allí que comienza la novela entre el gobierno nacional y el gobierno porteño: nos quieren hacer creer que el conflicto, por ello, se remite a diferencias en la política a llevar a cabo, pero su disputa tiene que ver nada ni nada menos con qué gobierno iba a pagar el costo político del aumento, dado que la Nación, de todos modos, ya tenía en sus planes reducir el subsidio.
Así es como el gobierno nacional aceleró el traspaso para deshacerse cuanto antes de este millonario monto que es del 50% de lo que recibe Metrovías. El gobierno de Macri, ni por asomo, salió a defender el bolsillo de los usuarios, sino que salió a anunciar el aumento del 127% del boleto.
Este aumento se da en un contexto generalizado de tarifas (gas, luz, veremos cuánto tardará el de colectivos y trenes), caracterizado por gruesos problemas fiscales atravesados incluso por los gobiernos provinciales y municipales, ajustes en salarios y aumentos en tarifas en consecuencia.
El 2011 se despidió con resonantes conflictos en provincias, en las que las medidas a tomar implicaban aumentos de la edad jubilatoria, reducción de salarios, etc. Desde el gobierno nacional, nos quisieron hacer creer otra vez que la disminución de subsidios de tarifas era una medida progresista, ya que en principio se le quitaría a los sectores concentrados y a los que “renuncien”. Duró poco, al parecer, ya que los renunciamientos se transformaron para los vecinos en tener que “justificar” por escrito el subsidio recibido para evitar que aumenten las tarifas de servicios públicos.
En síntesis, se nos viene presentando un contexto en el cual el gobierno nacional no tiene cómo sostener un superávit fiscal dibujado por las mentiras del INDEC; evidentemente, se presentan problemas fiscales y muy serios por cierto. Al mismo tiempo, el Estado Nacional pone a revisión 300.000 contratos y sus respectivos premios a empleados estatales. En una situación mucho más desfavorable, se presenta el panorama de la cuenta corriente de las provincias, en las que los ajustes los deben llevar a cabo de forma mucho más descarada por lo crítica que se presenta la situación.
Por el momento, no hemos visto ninguna salida con distribución, ni tocado ningún interés concentrado, para tener que evitar cortar el hilo por lo más fino: los sectores populares.
Agustina Eroles
Vicepresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) – Movimiento Sur
Teléfono: 15-5750-1848
Contacto de prensa: Pablo Bassi
Teléfono: 15-5767-1663
No hay comentarios:
Publicar un comentario