DESPENALIZAR EL CONSUMO ES COMBATIR EL NARCOTRAFICO
De 12.000 causas abiertas por drogas, solo tres fueron por narcotráfico en el último año. O sea que la justicia y las fuerzas de seguridad centran su esfuerzo en perseguir a los consumidores y no a los narcotraficantes que son los que financian campañas electores, manejan los hilos finos de la policía, en fin, los importantes nexos con el poder constituido.
Entonces, la pregunta que se abre es ¿cómo debe intervenir el Estado Nacional ante la problemática de adicciones? ¿Será judicializando a los jóvenes y adultos que sufren de adicciones o diseñando políticas salud acordes a la problemática, con políticas de prevención y promoción de la salud, formando profesionales preparados para intervenir en esta problemática social?
La sociedad Argentina comenzó a desnaturalizar temas muy arraigados en nuestra cultura y que implican cambios subjetivos para la vida de las personas; el matrimonio del mismo sexo, la decisión de la mujer sobre el propio cuerpo, violencia de genero, despenalización del aborto, desde nuestro punto de vista la despenalización de consumo debe ser uno de ellos, por eso nuestra consigna principal es “DESPENALIZAR EL CONSUMO ES COMBATIR EL NARCOTRAFICO”
ROMPER CON LA MAFIOCRACIA
La red de complicidades y corrupción tejida entre las estructuras punteriles de los partidos tradicionales, los grandes narcotraficantes y la policía no solo atenta contra la salud y la seguridad de las personas sino que mantiene una mafiocracia que crece cuantos mas jóvenes y niños dependen de las drogas, es así que este sistema corrupto se alimenta involucrando a personas en situaciones de vulnerabilidad judicializando a los mas pobres, a las mujeres humildes utilizadas como “mulas” en zonas fronterizas, a los jóvenes consumidores en la vía pública. Según los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación , durante los últimos años se registró un crecimiento de alrededor del 240 % de la población carcelaria femenina, aproximadamente el 40% de estas mujeres son extranjeras y el 85,7% de ellas se encuentran detenidas por infracción a la ley de drogas. Entre las mujeres extranjeras, el 81,8% es de origen latinoamericano, fundamentalmente provenientes de Bolivia y Perú.
Este modelo político que se plantea para mantener el statu quo hace que el poder judicial y las fuerzas de seguridad persigan a los jóvenes y mujeres de sectores vulnerables en lugar de concentrar esfuerzos en investigar el trafico de drogas, ya que mientras los narcotraficantes hacen sus negocios libremente y con la venia de la policía, los que menos tienen son castigados injustamente.
REPRESIÓN Y ENCARCELAMIENTO
Respuestas del Estado para resolver un conflicto social como las adicciones
La persecución y el encarcelamiento de los usuarios y los rehenes de las redes de tráfico de estupefaciente no dan respuesta para resolver esta problemática porque no proponen la prevención ni la asistencia necesaria. En nombre de la salud pública se criminaliza a los jóvenes cuando las adicciones son un problema integral, de salud y social, y es difícil concebir que puedan tratarse con el encarcelamiento.
Una de las modificaciones que planteamos a la actual ley es en relación a la regulación de los tratamientos de rehabilitación como parte de un canje por la pena en las diversas instancias del proceso penal. Planteamos la adhesión a la votación de una nueva ley de salud mental planteando reformas de fondo para el tratamiento de adicciones. La Ley penal no puede regular tratamientos de salud y menos aún utilizarlos como una pena encubierta.
La libertad para decidir sobre el propio cuerpo y nuestros derechos ¿somos todos iguales ante la ley?
Con la vigencia de la actual ley, se juzga casi con la misma vara a los narcotraficantes, comerciantes y consumidores. Con las modificaciones que proponemos, antes de detener a alguien, la justicia o la policía deben realizar una investigación y tener pruebas fehacientes de que esa persona realiza actividades de producción o venta de estupefacientes. En la actualidad primero te detienen, te encarcelan y luego tenés que probar que nos sos narcotraficante y que es consumo personal, esa decisión queda librada al criterio del juez. Esto es totalmente inconstitucional porque viola el art 19 de nuestra carta magna y el principio de inocencia.
Si la ley de drogas hubiera sido modificada, jueces como la jueza de Garantías de Morón, Mónica López Osornio, -quien benefició al cura abusador de niños Grassi con el régimen de libertad morigerada-, no podría tomar medidas como encerrar a las y los jóvenes por el hecho de consumir marihuana o tener unas plantas para su autoabastecimiento y/o con fines terapéuticos.
Despenalizar la tenencia simple y el autocultivo
Las consecuencias concretas de la aplicación de este modelo pueden verse también en la saturación judicial que tanto jueces como fiscales y defensores vienen denunciando desde hace años, y que se observa en las propias cifras del poder judicial: en los últimos 10 años: el 70% del total de causas por drogas son por tenencia para consumo personal, entre el 20 y el 25% son causas por tenencia simple y sólo el 5% del total de causas por drogas son por su comercialización.
Proponemos que el autocultivo de plantas de marihuana no sea penado porque lo consideramos una forma de combatir el narcotráfico. Si despenalizamos la tenencia, pero la obtención de semillas o la tenencia de plantas siguen penadas estaríamos en la misma situación que en la actualidad.
Con nuestro proyecto no se va a poder comercializar y producir libremente, solamente se va a evitar que los adictos y consumidores vayan presos.
QUEREMOS QUE EL CONGRESO TRATE EL PROYECTO
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AYUDANOS DIFUNDIENDOLO y FIRMANDO EL PETITORIO
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