Las contradicciones de la revolución boliviana

A Más De Cinco Años De La Asunción De Evo Morales

Por Álvaro García Linera

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Pocos son los intelectuales enfrentados a los rigores que impone la realidad y pocos son los líderes políticos que analizan las implicancias teóricas de su acción. García Linera, vicepresidente de Bolivia, analiza las dificultades que enfrenta la revolución boliviana y las tensiones propias de todo movimiento de transformación social.
Al revelar las dificultades que encuentra una colectividad dada –un pueblo, un Estado–, las contradicciones catalizan el surgimiento de soluciones. A través de estas tensiones, las sociedades se desarrollan, tejen alianzas entre grupos sociales y superan (parcial o completamente) los obstáculos que traban su progreso.
Entre el año 2000, fecha de las primeras movilizaciones sociales masivas que denunciaron la privatización del agua, y 2009, fecha de la reelección del sindicalista campesino Evo Morales para la Presidencia, Bolivia vivió un conflicto fundamental que opuso al pueblo boliviano y al imperio estadounidense y sus aliados de la burguesía local, apegados al neoliberalismo.
La elección de 2009, de la que el gobierno de Morales salió fortalecido (1), atenuó esas amenazas externas. Surgieron entonces nuevas contradicciones, en el seno del bloque nacional popular, entre los diferentes sectores que conducen el proceso de cambio, relativas a las modalidades de su liderazgo. Cuatro de esas tensiones, secundarias respecto del conflicto central contra el imperialismo, se sitúan no obstante en el corazón del proceso revolucionario boliviano: por una parte, amenazan su prosecución; por otra, permiten imaginar las formas para pasar a la etapa posterior.


El “Estado integral”
La primera se refiere a la relación entre el Estado y los movimientos sociales. La población espera acciones rápidas del gobierno, que aporten respuestas concretas a sus necesidades materiales. Pero esto exige una centralización eficaz de la toma de decisiones y nuestro gobierno está constituido por representantes de organizaciones sociales indígenas, obreras, campesinas y populares, cuya dinámica propia requiere “tomarse tiempo”. Tiempo para el debate, la deliberación y el análisis de propuestas diversas. El funcionamiento de estos movimientos implica también el incremento del número de participantes en la toma de decisiones. El gobierno del presidente Evo Morales –un “gobierno de los movimientos sociales” (2)– es el lugar donde se enfrentan y se liberan las dinámicas de concentración y de descentralización de las decisiones, de monopolización y de socialización de las acciones ejecutivas, entre la rapidez de los resultados y la lentitud de las deliberaciones.
Para intentar resolver esta contradicción, propusimos el concepto de “Estado integral”: el momento en que la sociedad se apropia progresivamente de los procesos de arbitraje, para así superar la oposición entre el Estado (como máquina de centralizar las decisiones) y el movimiento social (como máquina de descentralizarlas y democratizarlas).
Un objetivo de este tipo no se plantea para el corto plazo. Es el resultado de un movimiento histórico hecho de avances y de retrocesos, de desequilibrios que inclinan la aguja de la balanza tanto hacia un lado como hacia el otro, según se ponga en juego la eficacia del gobierno o la democratización de las decisiones. La lucha (y sólo ella) permitirá mantener el equilibrio entre estos dos polos durante el tiempo necesario para la resolución histórica de esta contradicción.

Hegemonía indígena y popular

La segunda tensión creativa opone la amplitud del proceso revolucionario –que deriva de la creciente incorporación de diferentes grupos sociales y de la búsqueda de alianzas amplias– y la necesidad de consolidar la dirección indígena, campesina, obrera y popular, que garantiza la orientación política.
La hegemonía del bloque nacional-revolucionario exige la cohesión de las clases trabajadoras. También implica la proyección de su liderazgo (histórico, material, pedagógico y moral) al resto de la población, a fin de asegurar su apoyo.
Por supuesto, siempre habrá un sector reacio a la hegemonía indígena y popular, que en ocasiones actuará como correa de transmisión de los poderes extranjeros. Pero la consolidación de la dirección plebeya exige que el conjunto de la sociedad considere que su situación progresa cuando las clases trabajadoras dirigen el país. Esta necesidad obliga a un poder de izquierda a tener en cuenta una parte de las necesidades de sus adversarios.
No existe receta ni modelo para salir de esta situación: sólo el debate y la educación pueden permitir que esta contradicción se despliegue y canalizarla para convertirla en una fuerza motriz de la dinámica de transformación social.

Un proyecto universal
Una tercera tensión creativa de nuestro proceso de cambio se ha manifestado con mucha intensidad desde hace un año. Surge en el choque entre el interés general y el particular, de un grupo, de un sector o de un individuo. Entre la lucha social, común y comunista y las conquistas individuales, sectoriales y privadas.
El amplio ciclo de movilizaciones que se inició en el año 2000, con la guerra del agua, comenzó con una movilización local. Pero ésta concernía directamente al conjunto del país, también amenazado por los proyectos de privatización del agua. Luego vinieron la guerra del gas, la lucha por una Asamblea Constituyente y la construcción de una democracia plurinacional: todas reivindicaciones sostenidas de manera sectorial por indígenas y obreros, que sin embargo afectaban al conjunto de los oprimidos e incluso a la nación toda.
La emergencia de estas exigencias –concebidas en las barricadas, en los cortes de rutas, en las manifestaciones y durante las insurrecciones populares– permitió construir un programa de toma del poder capaz de movilizar y unificar progresivamente a la mayoría del pueblo boliviano. Después de la victoria, en 2005, el gobierno se dedicó a implementarlo. Para empezar, se llevó a cabo la Asamblea Constituyente, que, por primera vez en la historia, permitió que la Constitución política del Estado fuera redactada por los representantes directos de todos los sectores sociales del país. Luego, procedimos a nacionalizar grandes empresas, facilitando así la redistribución de una parte del excedente económico a través de los programas Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy (3).
Si estudiamos el ciclo de la movilización como una curva ascendente que, de acuerdo con la experiencia histórica, se estabiliza y luego declina poco a poco, comprobamos que la primera etapa –o fase ascendente– se caracteriza por la inclusión creciente de los sectores sociales, la construcción de un programa general y la aparición, por parte de las clases “subalternas”, de una voluntad organizada y concreta de toma del poder.
La estabilización de la movilización, en el punto más alto de la curva, corresponde a la vez al momento de la puesta en marcha de los primeros objetivos universales y al de las resistencias más fuertes de los grupos sociales que apoyan el poder neoliberal saliente: desestabilizaciones, intento de golpe de Estado, movimientos separatistas, etc. (4). Es la fase “jacobina” del proceso que, al llevar al movimiento social convertido en poder de Estado a defenderse, vuelve a crear nuevas movilizaciones y nuevos horizontes de universalidad de su acción.
Desde que comenzó el segundo mandato de Morales, en 2010, estamos experimentando por lo tanto una tercera etapa de la movilización, declinante: la que se caracteriza por la tensión en el seno del bloque social popular, entre los aspectos general y particular. Superar esta contradicción será el resultado de reforzar el alcance universal de nuestro proyecto. Si, por el contrario, triunfara el particularismo corporativo, la pérdida de dinamismo de la revolución marcaría el punto de partida de una restauración conservadora.
Esta tensión entre reivindicaciones universales y particulares dentro del propio pueblo siempre existió. Por lo demás, es propio de las revoluciones: el pasaje progresivo de un sujeto fragmentado e individualizado –aspecto dominante– a un pueblo constituido como instancia colectiva. Pero, evidentemente, estamos entrando en una nueva etapa de la movilización, como lo sugiere el reciente conflicto entre dos fracciones de la Central Obrera Boliviana (COB) (5): una, aliada al poder; la otra, no.
El pasado mes de abril, un grupo de maestros afiliados a la COB inició una huelga en reclamo, principalmente, de mejoras salariales. Sin embargo, desde 2006, la administración de Evo Morales aumentó las remuneraciones de los trabajadores de la salud y la educación en un 12% neto de inflación. Al mismo tiempo, otras ramas de la administración pública (ministerios, por ejemplo) sufrieron el congelamiento de sus salarios. Desde la asunción de Evo Morales en 2006, los sueldos del vicepresidente, de los ministros y viceministros se redujeron entre un 30% y un 60%. La reducción fue aun más importante para el Presidente. Es concebible que los trabajadores de la salud y de la educación reclamen nuevos aumentos, pero sólo pueden provenir de un incremento en los ingresos del país.
 

En efecto, la política desarrollada por el presidente Morales apunta a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos (6) y a centralizar los recursos provenientes de las nacionalizaciones y de las empresas del Estado. Se trata de crear una base industrial en el campo de los hidrocarburos, la minería, la agricultura y la electricidad, de manera de generar una riqueza sostenida y de utilizar los recursos del país para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, tanto en la ciudad como en el campo.
De responder favorablemente a las reivindicaciones salariales de los docentes, se utilizarían los recursos obtenidos gracias a las nacionalizaciones para mejorar solamente los ingresos de algunas ramas del sector terciario. Así, se dejaría de lado al resto del país, es decir, a la mayoría. Se volvería mucho más difícil una estrategia de industrialización (como la compra de maquinarias o la construcción de infraestructura), que permitiría incrementar las riquezas que produce el país... y redistribuirlas.
La derecha, que aprovechó esta tensión dentro del bloque popular, ofreció el apoyo de sus medios de comunicación a los manifestantes: dirigentes sindicales que hasta ayer nomás eran despreciados por los periodistas en boga, por su origen social, se convirtieron de la noche a la mañana en estrellas de la televisión.
Como “gobierno de los movimientos sociales”, buscamos someter las diferencias existentes en el interior del bloque popular al debate público. Intentamos resolver las tensiones entre tendencias “corporativistas” y “universales” por vías democráticas, motivando a la vanguardia (indígenas, campesinos, trabajadores, obreros y estudiantes) a levantar la bandera del interés común, lo que no significa borrar el individuo o el interés privado, sino alcanzar una existencia razonable en un marco más general.

Desarrollo sustentable
La cuarta contradicción creativa emana de la oposición entre la necesidad de transformar nuestras materias primas (la industrialización) y la del respeto de la naturaleza, el “vivir bien” (7).
Se nos reprocha el no haber procedido a una “verdadera” nacionalización de los recursos naturales y el dejar que empresas transnacionales se apropien de una parte de las riquezas del país (8). Pero prescindir de las empresas extranjeras implicaría poder dominar las tecnologías de que disponen: aquellas vinculadas con la extracción, pero también con la transformación de las materias primas. No es el caso. No puede haber una nacionalización total de los recursos naturales sin una fase de industrialización.
Lograr poner en marcha una dinámica de este tipo llenaría las arcas del Estado, dado que los bienes manufacturados y los productos semiacabados tienen un valor agregado superior al de las materias primas sin procesar que hoy exportamos. Además, la fase de industrialización favorece los progresos tecnológicos y procura un conjunto de saberes científicos capaces de constituir un trampolín para nuevas actividades industriales, intensivas en tecnología pero también en mano de obra.
No es fácil avanzar en este camino. Por un lado, porque no tenemos experiencia en esta área, lo cual nos obliga a aprender mientras avanzamos. Por otro, la modernización industrial exige inversiones colosales: una usina petroquímica cuesta alrededor de 1.000 millones de dólares, una usina termoeléctrica, entre 1.000 y 3.000 millones. Por último, se trata de un proceso largo: se necesitan tres años, al menos, para que entren en funcionamiento las plantas industriales más pequeñas, cinco o seis para las medianas y diez (al menos) para las más grandes.
El gobierno tomó la decisión de crear una industria del gas, del litio (9), del hierro y de algunas reservas de agua. Algunos intelectuales interpretaron este proceso de construcción de empresas públicas como la emergencia de un capitalismo de Estado, contrario a la consolidación de una visión “comunitaria” y comunista (10). Para nosotros, el capitalismo de Estado de la década de 1950 colocó a las grandes empresas al servicio de clientes particulares: burocracia, grupos patronales, grandes terratenientes, etc. En cambio, la utilización de los excedentes generados por la industrialización que promueve hoy Bolivia prioriza el valor de uso, no el valor de cambio (11): satisfacer necesidades antes que ganancias. Tal es el caso de los servicios básicos (agua, electricidad, etc.), elevados a la categoría de derechos humanos y por lo tanto distribuidos, porque son considerados necesarios, no rentables. También es el caso de la compra de productos agrícolas por parte del Estado, que apunta a garantizar la soberanía alimentaria del país y la disponibilidad de alimentos vendidos a un precio “justo”: es decir, fijado de manera que los productos sean accesibles a los consumidores, y no cambia en función de la oferta y la demanda.
De este modo, el excedente resultante de la industrialización ofrece al Estado la posibilidad de poner en cuestión la lógica capitalista de la apropiación privada. No obstante, la generación de estas riquezas provoca un conjunto de efectos nefastos para el medio ambiente, la tierra, los bosques, las montañas. Y cuando la naturaleza es atacada, a fin de cuentas son los seres humanos quienes sufren.
Toda actividad industrial conlleva un costo ambiental. Pero el capitalismo subordinó las fuerzas de la naturaleza, abusó de ellas, colocándolas al servicio de las ganancias privadas, ignorando el hecho de que así destruía el núcleo reproductivo de la propia naturaleza. Debemos evitar el destino al que nos conduce este comportamiento.
Las fuerzas productivas del mundo rural y la ética profesional de los agricultores tienen una mirada opuesta a la de la lógica capitalista sobre nuestros vínculos con la naturaleza. Nos proponen ver la naturaleza como parte de un organismo vivo, total, al que también pertenecen el ser humano y la sociedad. Según esta visión, la utilización de las capacidades productivas naturales debe efectuarse en el marco de una actitud respetuosa de esta totalidad y de su reproducción.
“Humanizar la naturaleza y naturalizar al ser humano” (12), explicaba Karl Marx. Ese es el sentido de nuestro proyecto: utilizar la ciencia, la tecnología y la industria para producir riquezas –caso contrario, ¿cómo se construirían las rutas, los centros de salud, las escuelas que nos faltan y cómo satisfaríamos las demandas de nuestra sociedad?– sin dejar de preservar la estructura fundamental de nuestro medio ambiente. Para nosotros, pero también para las generaciones futuras.
Las tensiones creativas que se debaten en el bloque popular que gobierna Bolivia son características de las dinámicas de transformación social: ¿acaso las revoluciones no son flujos caóticos de iniciativas colectivas y sociales, impulsos fragmentados que se cruzan, se enfrentan, se suman y se articulan para dividirse de nuevo y volver a cruzarse? En otras palabras, nada está definido de antemano.


Traducción: Gabriela Villalba
1. El escrutinio de diciembre de 2009 sobrevino a un período de desestabilización política que apuntaba a debilitar al presidente Evo Morales, candidato a su propia sucesión: sublevación en la región oriental de la Media Luna, referéndum revocatorio, intento de golpe de Estado, confrontación con Washington. Sin embargo, Evo Morales volvió a ganar la elección con el 64% de los votos, superando el 53% de 2005. (Las notas al pie son de la redacción.)
2. La expresión “gobierno de los movimientos sociales” sugiere que con la elección de Morales son los movimientos sociales (movilizados desde comienzos de la década de 2000) los que se apoderaron del gobierno.
3. Respectivamente: programa de acceso a la educación mediante la distribución de “bonos” o vouchers, desde 2006; programa de pensiones para las personas mayores de 60 años, desde 2007; programa de reducción de la mortalidad infantil, desde 2009.
4. Al respecto, véase Hernando Calvo Ospina, “Petit précis de déstabilisation en Bolivie”, Le Monde diplomatique, París, junio de 2010.
5. La principal central sindical boliviana, fundada durante la revolución de 1952.
6. Según el Anuario Estadístico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, el índice de pobreza disminuyó del 63,9% al 54% de la población entre 2004 y 2007 (últimas estadísticas disponibles).
7. Traducción de “sumak kawsay”, en quechua, y de “suma qamaña”, en aymara, un concepto inscripto en la Constitución Boliviana de 2009.
8. En mayo de 2006, el presidente Evo Morales anunció la “nacionalización de los hidrocarburos”. Sin embargo, no fue completa: destacando el hecho de que no dispone de la tecnología suficiente para prescindir de los socios privados, el Estado tomó el control del 51% del capital de todos los operadores presentes en su territorio. Además, renegoció los contratos de manera de cobrar el 82% de los ingresos (impuestos y royalties).
9. Bolivia dispone de las mayores reservas de este metal, utilizado especialmente en la fabricación de baterías eléctricas.
10. El autor se refiere a un grupo de intelectuales, que en parte participó de un manifiesto titulado “Para la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y por el pueblo”, 18-6-11.
11. El valor de uso describe la utilidad concreta de un bien y el valor de cambio se refiere al valor comercial de una mercancía en el mercado.
12. Karl Marx, Manuscritos de 1844, Buenos Aires, Cartago, 1984.
• Primera etapa (2000-2003) – “Crisis del Estado”: se derrumban los pilares de la dominación tradicional. Las antiguas contradicciones (Estado monocultural versus sociedad plurinacional, Estado centralizador versus deseo de descentralización de la sociedad, etc.) se intensifican, al tiempo que aparecen otras nuevas (privatización versus nacionalización de los recursos naturales, política censitaria versus democracia social, etc.).
• Segunda etapa (2003-2005) – “Empate catastrófico”: dos proyectos de sociedad se oponen, ambos son capaces de generar movilizaciones considerables.