Varios
meses han pasado de la asunción presidencial de Cristina Kirchner y
desde el vamos el Gobierno Nacional dejó en claro su orientación
política para los próximos años de gestión con su nefasto discurso de
apertura de sesiones legislativas (defendiendo la política del actual
sistema de transporte ferroviario, deslegitimando las luchas docentes,
avalando la política minera y la ley antiterrorista, etc.).
Lejos
de modificarse el rumbo que trazó en su anterior gestión, el
kirchnerismo reafirmó en varias oportunidades su clara voluntad política
de defender los intereses de las grandes empresas que se benefician con
este modelo supuestamente “nacional y popular”.
El
modelo K: Las multinacionales mineras, sus patotas y la entrega de
nuestra soberanía. La crisis del sistema de transporte público
Un
ejemplo paradigmático de esta política es la represión paraestatal de
las patotas armadas enviadas por las empresas mineras, con complicidad
del poder ejecutivo provincial y la gendarmería nacional, contra el
movimiento asambleario que lucha en las provincias donde se encuentran
los yacimientos mega-mineros explotados por las trasnacionales como la
Barrick Gold Y Osisko en Tinogasta, Catamarca y Famatina, La Rioja.
Otro
caso son las consecuencias sociales del “modelo” por el desastroso
estado del sistema de transporte ferroviario y la desidia política de no
hacerse cargo del sistema de transporte subterráneo entre Macri y
Cristina, pero si aumentar las tarifas de los pasajes sin justificación
alguna. Por otro lado, el pasaje de la secretaria de transporte del
ministerio de planificación al ministerio del interior, el cambio de
Schiavi a Ramos y la quita de la concesión al “capitalista amigo”
Cirigliano de TBA, nunca implicó una intención genuina de modificar los
problemas estructurales del sistema de transporte público, sino mas bien
un movimiento político y mediático producto de la masacre de once y una
disputa política hacia adentro del propio kirchnerismo. El descarrilamiento de la línea Mitre vuelve a demostrarnos una vez mas que los problemas mas urgentes todavía persisten.
Sur no se tomó vacaciones: ¡sacamos la FUBA a la calle y de frente!
En
el marco de las graves condiciones del sistema de transporte público y
las campañas por el boleto estudiantil nacional, en el mes de Julio,
desde la vicepresidencia de la FUBA , nos movilizamos para reclamar al
gobierno nacional que se implemente el boleto educativo para
estudiantes, docentes y trabajadores de la educación. De esta manera,
logramos ser recibidos por el Jefe de gabinete de la Secretaría, Daniel
Domínguez, quien recibió el pedido de audiencia con el Secretario de
Transporte, Alejandro Ramos. La historia por supuesto no termina acá por
lo que nuestro deber como estudiantes y movimiento universitario es
seguir presionando a las autoridades para que implemente dicho boleto.
Por
eso no nos conformamos. Nuestra experiencia nos indica que la única
forma de conseguir mejoras en la educación y sus condiciones de acceso
son con participación y con el movimiento estudiantil en la calle. Solo
así la universidad se pintará de pueblo.
“Vatayon Militante”, Eduardo Vázquez, Cristian Favale y los “eventos de resocialización culturales”
Como
si fuera poco, a la agitada coyuntura nacional, podemos agregar la
participación de presos en los actos políticos del gobierno nacional,
justificados como “eventos culturales” para la resocialización. Llama la
atención particularmente el
caso de Eduardo Vazquez, asesino de Wanda Taddei, que permaneció dos
años sin condena, luego obtuvo una reducción de la pena por emoción
violenta a través de una sentencia que, poniendo la carga de prejuicios
sobre la víctima, le ahorra la cadena perpetua que le correspondía por
prender fuego a su esposa, y luego a menos de dos meses de ser condenado por un brutal femicidio goza de salidas a estos supuestos eventos culturales. También se destaca la aparición de Cristian Favale, acusado por haber asesinado al compañero Mariano Ferreyra.
Esta
situación debe servirnos para discutir varias cosas de fondo. Es un
falso debate poner el eje, como lo hace el gobierno y sus medios
obsecuentes, en la cobertura mediática y secundarizar las condiciones
paupérrimas de las cárceles y como el sistema penitenciario federal y
provincial están regidos por una lógica antidemocrática y militarista en
complicidad con los poderes ejecutivos provinciales y nacionales. La
agrupación “Vatayon militante” es un claro ejemplo de ello. El gobierno
ahora parece acordarse de algunos presos y su resocialización, pero nada
hace con respecto a sus condiciones infrahumanas en las que se
encuentran. Incluso el CELS denuncia en su informe anual de 2010, que ha
habido 33 muertos por hechos de violencia en cárceles federales,
mientras que en 2011 la cifra asciende a 39, a eso hay que sumarle las
innumerables denuncias por hechos de tortura y tratos crueles y
degradantes.
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